La Ley 9/2025, de Movilidad Sostenible, publicada en el BOE el 4 de diciembre y en vigor desde el 5 de diciembre, supone un cambio estructural en la regulación de la movilidad en España. Esta norma no se limita a aspectos técnicos, sino que sitúa la movilidad en la intersección del medio ambiente, la salud pública, la cohesión territorial y la eficiencia empresarial, redefiniendo los criterios de gobernanza, financiación y control del transporte.
Con más de cien artículos y numerosas disposiciones adicionales y transitorias, la ley afecta tanto a la ciudadanía como a las empresas, incluidas aquellas ajenas al sector transporte. Su impacto va desde el uso del vehículo privado y la implantación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) hasta la planificación de flotas empresariales, la logística y el cumplimiento de criterios ESG.
Impacto para la ciudadanía
La Ley 9/2025 reconoce la movilidad como un derecho colectivo, garantizando el acceso a empleo, educación, sanidad y servicios esenciales. Entre las medidas más destacables, se refuerza el transporte público como eje central, fomentando su accesibilidad y asequibilidad, y se promueve la movilidad activa mediante recorridos peatonales, ciclistas y espacios urbanos diseñados para priorizar medios no motorizados.
Se presta especial atención a los colectivos vulnerables y a las zonas con riesgo de despoblación, con medidas que aseguran la continuidad de los servicios de transporte y la accesibilidad universal. Además, los municipios pueden ampliar y gestionar Zonas de Bajas Emisiones, estableciendo restricciones o tasas vinculadas a emisiones, lo que puede implicar cambios en la movilidad urbana cotidiana. Para los ciudadanos, resulta recomendable revisar sus hábitos de transporte y considerar alternativas al vehículo privado, aprovechando mejoras en el transporte público y evitando costes adicionales derivados de las nuevas regulaciones.
Cambios y obligaciones para las empresas
La Ley introduce obligaciones concretas que impactan áreas clave de gestión empresarial, incluyendo recursos humanos, fiscalidad, logística y cumplimiento normativo. Los Planes de Movilidad al Trabajo (PMST) son ahora obligatorios para centros de trabajo con más de 200 empleados (o 100 por turno), con un plazo de 24 meses para su negociación e implantación. Estos planes deben fomentar el transporte colectivo, el teletrabajo, la movilidad activa y la instalación de puntos de recarga, convirtiéndose en un elemento determinante en inspecciones, licitaciones públicas y procesos de due diligence.
Asimismo, la regulación de las ZBE y las tasas asociadas afecta directamente a las flotas de vehículos de empresa, tanto comerciales como de uso mixto, generando impactos fiscales y operativos que deben ser evaluados cuidadosamente. La logística y el transporte de mercancías también se ven afectados, priorizando la multimodalidad, la electrificación de flotas y la evaluación ambiental de infraestructuras. La ley establece un régimen sancionador con multas graduadas según la gravedad, lo que hace imprescindible contar con sistemas de cumplimiento y trazabilidad de datos.
Innovación, datos y oportunidades
La Ley 9/2025 también abre la puerta a la innovación tecnológica mediante la creación de un sandbox regulatorio, que permite probar vehículos autónomos y nuevas plataformas de movilidad en un entorno controlado. El Espacio de Datos Integrado de Movilidad (EDIM) centraliza información pública y privada, facilitando la interoperabilidad y ofreciendo oportunidades a empresas tecnológicas y proveedoras de servicios de movilidad.
El Fondo Estatal para Movilidad Sostenible (FECMO-FCPJ), orientado a proyectos de transporte público, intermodalidad, digitalización y cohesión territorial, permitirá a empresas acceder a subvenciones y licitaciones vinculadas a la ley, siempre que cumplan con criterios técnicos y de sostenibilidad.
Hoja de ruta para anticiparse
Las empresas deben iniciar un diagnóstico inmediato de flotas y desplazamientos de plantilla, evaluar riesgos fiscales y normativos, y planificar la implantación de PMST y medidas logísticas sostenibles. La renovación de flotas, la transición hacia modelos multimodales y la integración de sistemas de reporte y cumplimiento de datos son pasos esenciales para aprovechar oportunidades y mitigar riesgos sancionadores. La planificación estratégica y la preparación para acceder a fondos y subvenciones marcarán la diferencia competitiva.
Cómo puede ayudar J. Barber + Asociados
Desde J. Barber + Asociados ofrecemos acompañamiento integral a las empresas para cumplir con la Ley 9/2025. Asesoramos en la negociación y redacción de Planes de Movilidad al Trabajo, evaluamos impactos fiscales y optimizamos la gestión de flotas. Asimismo, ayudamos a preparar proyectos y licitaciones vinculadas al Fondo Estatal de Movilidad Sostenible y a otras subvenciones, implantando sistemas de cumplimiento y reporting que garanticen trazabilidad y cumplimiento de métricas ESG. También diseñamos estrategias logísticas sostenibles, que incluyen análisis de electrificación de flotas y transición hacia modelos de transporte multimodal. Nuestro enfoque combina seguridad jurídica, eficiencia económica y sostenibilidad, adaptado a cada empresa.
Un cambio fundamental en la movilidad
La Ley 9/2025 representa un cambio profundo en la movilidad de España, con efectos inmediatos para ciudadanos y empresas. Para las empresas, implica nuevas obligaciones, desde la implantación de PMST hasta la gestión de flotas y la integración de criterios ESG en la logística. Al mismo tiempo, abre oportunidades de financiación, innovación y competitividad para quienes anticipen los cambios y adopten medidas sostenibles. Actuar con planificación y asesoramiento profesional es clave para minimizar riesgos, aprovechar incentivos y garantizar el cumplimiento normativo en un entorno regulatorio que avanza con rapidez.
